Se disparan los okupas en Andalucía: casi 1.200 en seis meses, a ritmo de 7 okupaciones al día

La Junta de Andalucía se ha puesto firme respecto al auge de la okupación en la comunidad que, tal y como han anunciado este martes, sufre una media de 7 denuncias por este delito al día, lo que ha llevado a que, en los primeros seis meses del año, se hayan producido 1.183 okupaciones en Andalucía. Por ello, el Gobierno andaluz ha anunciado un plan anti-okupas.

Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, ha recordado, en este sentido, que las competencias para legislar en esta materia las tiene el Estado, «pero Sánchez mira a otro lado e Iglesias alienta la okupación». «Andalucía, sin embargo, será tierra libre de okupas», ha asegurado.

«Andalucía no se cruzará de brazos. Usaremos todas las herramientas a nuestro alcance para que se pueda vivir con tranquilidad y con seguridad», ha insistido Bendodo, que ha anunciado de este modo un plan, a través del que «se abrirán oficinas antiokupación», se elaborará «una guía informativa para quien se vea en este problema» y se llevará a cabo la «creación de un grupo de trabajo».

Medidas

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio pondrá en marcha un sistema andaluz de lucha contra la okupación y de asesoramiento para la protección de la vivienda que resuelva las dudas de los afectados.

Así, a través de las delegaciones territoriales, se atenderá y asesorará a las personas que tengan su vivienda ocupada, para lo que se ha elaborado una guía informativa con las herramientas legales disponibles para proteger a los propietarios a fin de clarificar las posibles casuísticas y facilitar la respuesta jurídica idónea, sin olvidar que la singularidad de cada caso será determinante.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta instrucción de la Secretaría General de Vivienda, que amplía las atribuciones del actual Sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios (SAID), actual mecanismo que ofrece información personalizada para los sectores de población que corren riesgo de perder su vivienda habitual o tienen mayores dificultades para acceder a la vivienda.

Así, se incluye también asesoramiento para los casos de ocupación de viviendas, un fenómeno al alza no sólo en España, sino también en Andalucía, donde se han contabilizado 1.183 casos durante el primer semestre del presente año, lo que equivale a cerca de siete casos al día.

Cuando un ciudadano sea víctima de la ocupación ilegal de su vivienda, podrá acudir al sistema, que le ofrecerá atención personalizada, valorará los hechos, orientará a la víctima sobre las medidas que puede adoptar de carácter inmediato y las diferentes vías para lograr el desalojo de la misma; le brindará las posibilidades de asistencia jurídica en coordinación con los colegios de abogados de Andalucía y, por último, le facilitará el contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para elevar las denuncias pertinentes.

Para el buen funcionamiento del Sistema andaluz de lucha contra la ocupación y de asesoramiento para la protección de la vivienda, el personal de las delegaciones territoriales contará con una guía que será instrumento de referencia en el desarrollo de sus funciones. Partiendo del hecho de que las normas dedicadas a la protección de la vivienda en España para evitar la ocupación residen en el ámbito estatal, esta guía quiere proporcionar información sobre los derechos que les asisten a los afectados y las posibilidades y organismos de reclamación, así como de los trámites jurídicos y judiciales necesarios, según las leyes vigentes y teniendo en cuenta que las competencias fundamentales residen en el Estado.

Esta guía, además de servir de referencia al nuevo sistema, estará disponible en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Las nuevas funciones se ejecutarán sin menoscabar las labores que se desarrollaban hasta ahora en materia de asesoramiento a las personas que se encuentren en riesgo de perder su vivienda por estar ante un desahucio inminente, por impago de hipoteca o del alquiler.

Además, el Sistema andaluz de lucha contra la ocupación y de asesoramiento para la protección de la vivienda no comportará gasto adicional alguno ya que los servicios prestados por el mismo serán desempeñados por el mismo personal adscrito al antiguo SAID.

Grupo de trabajo

La Junta de Andalucía, además, constituirá un grupo de trabajo que coordine, dentro de su ámbito de competencia, iniciativas que contribuyan al mejor cumplimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos que sean víctimas de la ocupación ilegal de su vivienda. Este grupo de trabajo contará con la participación de las consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Presidencia, Administración Pública e Interior, y Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que pone a disposición no sólo a la Secretaría General de Vivienda sino también a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

El papel de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local es clave como interlocutora ante los órganos judiciales para comunicar los casos de ocupaciones ilegales, promover acciones formativas a los colectivos de jueces y fiscales y aplicar la Instrucción de la Fiscalía General del Estado recientemente dictada 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

De igual modo, la asistencia jurídica dependiente de esta Consejería se revela como un instrumento útil para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ya lo es en los procedimientos de desahucio. Por último, se estima conveniente trabajar en un convenio con los colegios de abogados de Andalucía, para ofrecer este servicio de asistencia jurídica a las víctimas de ocupación ilegal. Por otra parte, la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es esencial para actuar en las primeras horas de las ocupaciones, por lo que, a través de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, se asegurará la coordinación con las otras consejerías.